Los Veintisiete aplazan de nuevo la votación para la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego por falta de apoyos
- Es la séptima vez que la UE abordaba la propuesta de España, que deriva del pacto de investidura del PSOE con Junts
- España pedía no "secuestrar o retrasar" la decisión pero varios países como Polonia o Luxemburgo mostraban dudas
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Los Veintisiete socios de la UE han vuelto a aplazar la votación sobre el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. La iniciativa requiere el acuerdo unánime de los países miembros y, pese a los esfuerzos del Gobierno español por convencerles, varios países han mostrado dudas y reticencias.
El secretario de Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido este viernes a sus socios europeos "no secuestrar o retrasar" la decisión sobre la oficialidad de las lenguas "innecesariamente". A su llegada al Consejo de Asuntos Generales de Bruselas, ha defendido que la propuesta española "no tiene ningún impacto negativo para ningún Estado miembro. Por lo tanto, consideramos que debe ser posible aprobarlo a la (mayor) brevedad" posible, ha añadido Sampedro.
El secretario de Estado ha asegurado que el Gobierno "ha abordado todas las dudas" políticas, económicas y jurídicas que han manifestado los países de la UE desde que la oficialidad de las lenguas se discutió por primera vez en septiembre de 2023, bajo la presidencia española de la UE.
En este sentido, Sampedro ha dicho que "está claro que no se necesita una revisión de los tratados" europeos, como opinan los servicios jurídicos del Consejo de la UE. "Los Tratados son muy claros, los Tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado", por lo que "se trata de terminar con una discriminación", ha dicho.
"Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países", ha afirmado Sampedro, quien también ha reiterado que España está dispuesta a asumir el coste de la propuesta.
Reticencias y dudas entre algunos países
Sin embargo, varios ministros europeos han dejado claro que ven prematuro tomar una decisión porque persisten "muchas dudas" sobre el impacto legal, práctico y financiero que tal medida tendría para el conjunto de la Unión Europea.
La ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, ha informado a su llegada a la reunión de su intención de "facilitar el debate", pero ha apuntado que hay "muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembros". Reservas que tienen que ver, ha dicho, tanto con la cuestión presupuestaria como con asuntos legales. "Por supuesto, necesitamos encontrar respuestas a estas preguntas, no preveo un voto hoy (por este viernes)", ha zanjado.
Ha coincidido el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, cuyo país ejerció hasta el pasado junio la presidencia de turno del Consejo de la UE. "Creo que los Estados miembros necesitan algo más de tiempo, así que no creo que haya ninguna decisión hoy", ha remachado, antes de aclarar que no es sólo Polonia sino "la mayoría de los Estados miembro" necesitan "algo más de tiempo" para resolver las cuestiones pendientes, en especial en cuanto a las "preocupaciones legales".
El exprimer ministro luxemburgués y actual ministro de Exteriores, Xavier Bettel, ha avisado también a su llegada de que "realmente no es el momento adecuado" para que los Veintisiete busquen un acuerdo sobre la cuestión de las lenguas cuando tiene sobre la mesa negociaciones complejas sobre las sanciones a Rusia o para lograr un alto el fuego en Palestina.
La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación "preliminar" basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo.
Séptima vez que abordan la oficialidad de las lenguas
Esta es la séptima vez que los países de la UE aborden la oficialidad de las lenguas, desde que el Gobierno español presentó la propuesta en agosto de 2023. Una propuesta que derivó del acuerdo de investidura del PSOE y Junts para hacer presidente a Pedro Sánchez. La última vez que se abordó, fue el pasado 27 de mayo, en un encuentro en el que Madrid pidió votar la medida, pero el voto se pospuso ante la falta de acuerdo.
Desde entonces, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido contactos con los países que aún son reticentes y la semana pasada presentó un nuevo memorando en el que insistía en los argumentos políticos, económicos y legales con los que el Gobierno ha defendido su propuesta. Sin embargo, Albares no está presente en la reunión este viernes para defender la propuesta, ya que no tiene previsto ningún acto en su agenda.
El Gobierno español argumenta que ningún otro idioma en la UE cumple simultáneamente los siete criterios del catalán, el euskera y el gallego, por lo que de aprobarse su oficialidad, no se crearía ningún precedente para otras lenguas, como temen los países nórdicos y los del este.
En concreto, España señala que las tres lenguas cooficiales tienen un origen histórico; que están reconocidas en la Constitución; que se pueden emplear en el Parlamento; que existen acuerdos administrativos con las instituciones europeas para poderlas usar; que la legislación comunitaria (incluso los tratados europeos) se traduce a cada una de las lenguas en las Comunidades Autónomas respectivas y que el Gobierno está dispuesto a asumir el coste de la medida.
Sobre este último punto, sin embargo, distintos países temen que España deje de asumir los costes si hay un cambio de Gobierno.
Además, España sostiene, en base al análisis jurídico de la Fiscalía General del Estado, que no hace falta cambiar el Tratado de la UE para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, tal y como sostienen los servicios jurídicos del Consejo de la UE, que entienden que el artículo 55.1 menciona las 24 lenguas en las que está redactado, entre las que de las españolas, solo menciona al castellano.
El Gobierno, en cambio, alega que la base legal con la que se ha modificado el reglamento que regula las lenguas oficiales de la UE es el artículo 342 del Tratado de la UE.
"La presentación de la propuesta española en la reunión de este viernes del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas despeja todas las dudas suscitadas por otros Estados miembros. Por tanto, no vemos ningún obstáculo a que nuestras lenguas oficiales se puedan reconocer en breve en la UE", dijeron a Efe fuentes del Ministerio de Exteriores.
A los esfuerzos del Gobierno se sumaron este jueves el presidente catalán, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, con una carta a los países de la UE reclamando que den el visto bueno a la oficialidad de las lenguas.
"Europa vive un momento en el que es vital estrechar el compromiso de sus ciudadanos y su identificación con el proyecto común", señalaron.
